El Estado nacional revocó el fondo que permitía el desplazamiento gratuito en transporte público para menores diagnosticados con cáncer y personas con discapacidad. A través de esta derogación se clausura el mecanismo de financiamiento que respaldaba estas coberturas sociales.

Las autoridades gubernamentales fundamentaron la decisión argumentando que «las compensaciones económicas fijadas mediante disposiciones anteriores carecen de solidez presupuestaria». Reconocieron la necesidad de reordenar las prioridades fiscales en este apartado.

El Gobierno aclaró simultáneamente que la potestad de utilizar el transporte sin cargo subsiste como derecho válido y exigible para ambos colectivos. Indicaron que procurarán garantizar su vigencia mediante mecanismos alternativos.

Asociaciones de personas con discapacidad y organizaciones que atienden a pacientes pediátricos con patología oncológica expresaron su preocupación. Cuestionaron la viabilidad de mantener estos beneficios sin la estructura de recursos específicos que los sustentaba.

El Ejecutivo replicó que la medida responde a un diagnóstico de ineficiencias administrativas en el sistema anterior y que dispone de opciones para perpetuar la cobertura. Resaltó que la revocación forma parte de una revisión estratégica del presupuesto público.

Para buena parte de la población beneficiaria, contar con transporte sin arancel resulta imprescindible para acceder a servicios médicos, educativos y participar activamente en la comunidad. La eliminación del fondo genera dudas sobre cómo se garantizará esta facilidad.

Los organismos responsables tendrán que elaborar y comunicar las alternativas que implementarán para asegurar que el derecho reconocido continúe siendo efectivo. La medida rige desde su publicación oficial y precisa de clarificaciones operacionales urgentes.

Imagen: Markus Spiske / Pexels – Con informacion de La Nación