Un estudio elaborado por la consultora CB Opinión Pública posiciona a Julián Álvarez en el último lugar de la tabla. El relevamiento marca un fuerte descontento vecinal y una creciente desaprobación a las políticas locales implementadas.

La gestión municipal de Lanús atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según el reciente relevamiento de imagen de intendentes del Conurbano bonaerense elaborado por la consultora CB Opinión Pública, Julián Álvarez se ubica en la posición más baja de la tabla, marcando un duro revés para el jefe comunal en un territorio clave de la provincia. Este resultado no solo evidencia un deterioro en la valoración ciudadana, sino que posiciona al distrito en la zona roja de la gestión pública provincial.

El análisis no deja margen para interpretaciones optimistas: el intendente, referente de La Cámpora, ocupa los últimos puestos del listado, evidenciando una desconexión creciente entre la administración municipal y las demandas más urgentes de los vecinos. Estar en este nivel del ranking implica que el jefe comunal posee uno de los índices de rechazo más altos de la región, una señal de alerta que suele traducirse en la falta de respuesta a los problemas estructurales del municipio.

El dato golpea la estructura política del kirchnerismo en la Tercera Sección Electoral, un bastión histórico donde el mal desempeño del jefe comunal empieza a generar ruidos internos y dudas sobre la viabilidad de sus políticas. Mientras otros intendentes del Conurbano logran sostener niveles de aprobación superiores al 50% o 60% mediante una gestión enfocada en la seguridad y la cercanía, Álvarez se mantiene en los niveles de aceptación más bajos, evidenciando serias dificultades para capitalizar el apoyo de su propia base electoral.

El escenario es, cuanto menos, desalentador para la intendencia, que no logra despegar ni revertir la percepción negativa de los ciudadanos. Con este panorama, la gestión de Álvarez enfrenta ahora el desafío de corregir el rumbo, ya que mantenerse en los últimos lugares del ranking público implica una pérdida de legitimidad difícil de revertir en un contexto de demanda ciudadana creciente.