La medida de fuerza en el sector docente, impulsada por CTERA, generó un escenario heterogéneo en establecimientos educativos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El nivel de adhesión varió significativamente: mientras determinadas escuelas funcionaron con operatividad plena, otras experimentaron cierres o restricciones en sus servicios.

Las autoridades provinciales educativas emitieron instrucciones a los inspectores ordenando que no entregaran información a los verificadores del Gobierno nacional. Esta resolución tenía como objetivo obstaculizar la recolección de datos sobre presencia de personal que el Ejecutivo nacional conducía de manera continua.

El Gobierno nacional implementa un sistema de inspecciones dirigido a asegurar que la asistencia de empleados en escuelas no caiga por debajo del 75%. Este guarismo representa el mínimo que la administración considera viable para mantener funcionamiento básico de las instituciones durante conflictividad laboral.

El enfrentamiento entre niveles de gobierno se profundizó con la orden provincial. De un lado, el Ejecutivo nacional persigue establecer pisos operativos inmovibles; del otro, las autoridades provinciales defienden el derecho de los docentes a participar en medidas de fuerza organizadas por sus sindicatos.

En la Ciudad, la realidad fue mixta: coexistieron escuelas operando sin alteraciones junto a otras afectadas por la medida. En el conurbano bonaerense, la situación fue similar, mostrando la complejidad de implementar protestas coordinadas en territorios administrativamente divididos.

El conflicto permanece sin resolución visible, planteando interrogantes sobre los mecanismos que regirán futuras medidas de fuerza en educación y la capacidad de los actores para encontrar puntos de encuentro.

Imagen: Luis Moya / Pexels – Con informacion de Clarín