La contracción del empleo formalizado representa uno de los mayores desafíos pendientes de la actual política económica. Mientras algunos indicadores de estabilización evolucionan favorablemente, el sector laboral permanece bajo presión, señalando que el programa requiere ajustes adicionales.

Los especialistas coinciden en la necesidad de implementar cambios estructurales que favorezcan tanto la generación como la calidad del empleo. En primer lugar, una reforma del sistema previsional podría reducir significativamente los costos asociados a la contratación formal, permitiendo que las empresas expandan su capacidad productiva.

La política tributaria también demanda revisión. Una baja de impuestos bien diseñada podría liberar capital privado destinado actualmente al pago de cargas fiscales, reorientando esos fondos hacia inversión e incorporación de personal. Este mecanismo resulta especialmente relevante para pequeñas y medianas firmas.

El crédito emerge como instrumento esencial. En un contexto donde el acceso a financiamiento es limitado, muchos emprendedores y empresarios ven obstaculizados sus planes de expansión. Mayor disponibilidad de crédito a tasas competitivas facilitaría que estas unidades realicen inversiones productivas generadoras de empleo.

La causalidad es directa: si las empresas enfrentan cargas previsionales altas, presión tributaria elevada y dificultad para acceder a crédito, tienen menos capacidad y menos incentivos para crecer y contratar. Por el contrario, un entorno que alivie estas restricciones crearía condiciones propicias para la reactivación laboral.

El desafío radica en coordinar estas reformas de manera que se refuercen mutuamente. Sin una estrategia integral que aborde simultáneamente el costo de la formalidad, la presión fiscal y el acceso al capital, la recuperación del empleo seguirá siendo esquiva.

Imagen: Bozhin Karaivanov / Unsplash – Con informacion de Ámbito