Un fondo que debería financiar obras de prevención y control de inundaciones está siendo utilizado para cubrir necesidades del Tesoro. La disponibilidad de recursos no es el problema; la dificultad radica en la falta de decisión política para aplicarlos según lo previsto legalmente.

Esta situación ejemplifica una tensión característica: la necesidad urgente de equilibrar cuentas públicas a corto plazo versus la obligación de realizar inversiones en infraestructura que proteja a poblaciones y productores de desastres periódicos.

El fondo fue instituido justamente para atender un problema estructural. Las inundaciones son un riesgo permanente en varias regiones del país, particularmente en zonas de importancia agrícola y ganadera. La ley asignó recursos específicos para construir obras que mitigen este riesgo.

Pero en la práctica, esos recursos no llegan a las obras. Terminan financiando otros capítulos del presupuesto estatal. Esto tiene un doble efecto: por un lado, los indicadores fiscales lucen mejor de lo que realmente son; por el otro, las defensas contra inundaciones siguen sin ejecutarse.

La paradoja es notable porque no se trata de una escasez de fondos. El dinero existe, está identificado y disponible en el sistema. Lo que falta es la determinación de canalizarlo hacia su destino original.

Mientras tanto, las obras siguen postergadas. Las comunidades expuestas a inundaciones continúan sin acceso a las infraestructuras que podrían protegerlas. Se produce así un desajuste entre la norma y la realidad: la ley ordena una cosa, pero los números presupuestarios reflejan decisiones diferentes.

Imagen: AbsolutVision / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural