La ley incorpora penas de entre 5 y 12 años para quienes actúen por cuenta o con financiamiento de actores extranjeros para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública, además de nuevas restricciones a su participación en campañas.

La Ley Malvinas, denominada formalmente Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, incorpora un capítulo específico para enfrentar la injerencia extranjera en la política argentina. El proyecto establece penas de entre 5 y 12 años de prisiónpara quienes actúen por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero con el objetivo de alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

Además, la iniciativa endurece las restricciones para la participación extranjera en campañas electorales y propaganda. Las penas pueden aumentar hasta 8 a 15 años cuando las maniobras incluyan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales. El proyecto también incorpora delitos vinculados con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera y transmisión de secretos, con penas que en determinados supuestos pueden alcanzar los 20 años.