La Ley Malvinas combina el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas con nuevas herramientas económicas frente a amenazas externas, entre ellas el bloqueo de activos, restricciones financieras y aranceles temporales de hasta un 75%.

El proyecto amplía el concepto de Defensa Nacional para contemplar amenazas externas tanto estatales como no estatales y prevé la utilización de las Fuerzas Armadas en determinados supuestos vinculados con la protección de infraestructura crítica. Esta modificación se complementa con las medidas anunciadas por el Ejecutivo para incrementar recursos del Ministerio de Defensa y desarrollar una base naval integrada en Tierra del Fuego.

A esa dimensión militar, la Ley Malvinas suma herramientas de presión económica. Frente a una amenaza grave e inminente, el proyecto permite inmovilizar activos, restringir movimientos financieros y operaciones comerciales y elevar temporalmente aranceles hasta un 75%. El esquema busca integrar Defensa, economía, inteligencia y política exterior dentro de una misma estructura de Seguridad Nacional.